El Colegio de Profesores del Perú – Región San Martín (CPPe – SM) como integrante del la Comisión Regional de Educación (CRE), se dirige a la comunidad educativa para expresar su condena y malestar frente al desaire e irresponsabilidad del Gobierno Regional para cumplir con los acuerdos suscritos; y ante el prolongado mutismo del presidente César Villanueva, resulta justo y necesario exigir una explicación pública respecto a los motivos que conllevaron a designar de manera unilateral a algunos Directores, lanzando por la borda el trabajo realizado por los miembros de dicha comisión. Consideramos que esta pifiada decisión constituye un acto de burla y una falta de respeto al magisterio y al pueblo en general, por cuanto compromete nuestra integridad personal y profesional, además fomentan el conflicto y la discordia en el seno magisterial. Advertimos, que no cuestionamos en absoluto a los profesionales de la educación que han asumido este cargo, sino la forma como se modificó autocráticamente el compromiso, dejando traslucir la existencia de posibles intereses ajenos a la lucha por la calidad educativa y contra la corrupción.
Por otro lado, le recordamos al GR que la CRE fue creada con el propósito de impulsar y concretar las políticas educativas contenidas en el PER que ayuden a mejorar la calidad educativa; generar respuestas oportunas a los problemas de gestión de la DRE y las UGEL e involucrar a la cooperación internacional en la agenda regional, otorgándole la función de generar condiciones necesarias a través de la Gerencia de Desarrollo Social y de la DRE para la implementación de las políticas educativas; apoyar en la ejecución de acciones adecuadas para realizar planes y proyectos que desarrollen las políticas contenidas en el PER; también apoyar en las gestiones ante el MINEDU para la implementación de funciones y competencias transferidas; y resolver nudos críticos en la ejecución de la implementación del PER. En ese sentido, la Comisión Regional de Educación está conformada por el Vicepresidente del GR, como presidente de la comisión, el Consejero Delegado, el Gerente de Desarrollo Social, el Director de la DRE y representantes de la sociedad civil organizada que le dan legitimidad y colaboración social.
Por eso, la Orden Profesional del CPPe está evaluando su participación y exhorta a los integrantes de la CRE para ubicarse en el marco de las funciones y objetivos para los cuales fue creada la comisión en perspectiva de plantear agendas más pertinentes que favorezcan la articulación intergubernamental en la gestión de las políticas educativas regionales y locales, en vez de disipar el tiempo discutiendo asuntos que son potestad exclusiva del Gobierno Regional y la DRE.
Asimismo, queremos dilucidar a la comunidad docente respecto a la demanda de convocatoria a concurso público para nombrar a las autoridades educativas; este no será posible, mientras existan dos marcos normativos excluyentes y contradictorios; por un lado, el DS Nº 018-2006-ED, Reglamento General de Concurso Público de Selección de Directores de las Unidades de Gestión Educativa Local, bajo el régimen de la Ley 24029 y su modificatoria la Ley 25212; y por otro, la Ley Nº 29762, Ley que incorpora los cargos de Director de la DRE y Director de la UGEL a solamente a docentes que están en la Carrera Publica Magisterial; hecho que debe ser resuelto por el MED y el Congreso de la República.
En consecuencia, frente a estas dos situaciones “antagónicas” que al parecer el propio MED se encargó de propiciarlas, sumado a las recurrentes infracciones del código de ética, el cuestionamiento infundado proveniente de colectivos que sienten peligrar sus espacios, la poca claridad de los roles y funciones de la CRE, la escasa firmeza del GR, entre otras razones, hacen difícil la transparencia y la celeridad de los procesos de gestión y/o administración de la educación en la región San Martín. Por tanto, como Orden Profesional nos sentimos indirecta y solidariamente cómplices respecto a las altercadas designaciones por la que pedimos un esclarecimiento. No obstante, pedimos al GR que en el ejercicio de su autonomía y voluntad política gestione en los ulteriores meses un concurso público abierto para coberturar dichos cargos, y con los equipos que ya están instalados, se empiece a trabajar en las metas y compromisos asumidos; urge el alineamiento de las políticas, el diseño de mecanismos de soporte, seguimiento, evaluación, así como del fortalecimiento de capacidades de los actores a fin de fortalecer la institucionalidad y legitimidad de las instancias de gestión educativa e intergubernamentales.
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