FELIZ DÍA MAESTRO

CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL DÌA DEL MAESTRO

Perú, 6 de julio del 2010

Por medio de la presente misiva, me dirijo: a los gobernantes de turno nacional, regional y local, a las autoridades educativas del sector educación, a la comunidad docente, a los padres y madres de familia, a los estudiantes y al público en general para saludarles y compartir con ustedes una reflexión en homenaje al maestro. Quien hoy escribe no es candidato en las próximas elecciones, ni funcionario del Ministerio de Educación, ni especialista de alguna Dirección Regional ó UGEL, menos asesor del gobierno en materia educativa; lamentablemente, tampoco dirigente sindical. La simple condición de ser maestro, es la que me motiva compartir mi profundo sentimiento de preocupación por el destino del Perú y la educación en particular que se viene impartiendo en nuestra patria, en este período dramático en la que existe incertidumbre, decepción, cólera y angustia.

Por eso, el día del maestro, además de ser un día de “festejo y embriaguez” debe ser un día de profunda reflexión en perspectiva de recuperar la dignidad y el respeto a la función social del maestro… Hace algunas décadas atrás, una frase atribuida al maestro universitario Ricardo Dolorier estuvo presente por mucho tiempo en los labios de cientos y miles de maestros: "Ser Maestro en el Perú es una forma muy difícil de vivir. Ser Maestro en el Perú es una forma muy hermosa de morir" frase que inspiraba el buen desempeño y cumplimiento del deber pese a la grave situación económica y la violencia política que amenazaban a nuestro país y a los educadores. Los años de violencia que motivaron esta frase han pasado; sin embargo, hoy existen nuevas formas de intimidación que amenazan al magisterio peruano: De un lado está la apatía, la indiferencia y la rutina, “cuando no” también la escasa responsabilidad en el cumplimiento del deber y la falta de costumbre para rendir cuentas de nuestra labor a la comunidad... y del lado de los gobernantes, existe una actitud embaucadora expresada en múltiples acciones para desacreditar al maestro y la carrera pública del profesorado, como la promulgación de la Ley Nº 29510, dispositivo que pulveriza la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado; por eso, muchos colegas vienen entendiendo que fiel a su pasado el régimen aprista exhibe otra vez la escopeta de doble cañón. Simulando que su prioridad es la calidad educativa, al promover las evaluaciones, capacitaciones y perfeccionamiento del profesorado, ciertamente, con fuerte financiamiento internacional. Pero, en los hechos exhorta la liberalización a ultranza del servicio docente, abriendo las puertas a otros profesionales sin formación pedagógica para ejercer la docencia, creyendo equívocamente, que es suficiente el dominio de una materia para de hecho poder enseñarla un aprendiz. Esto no es así, el dominio de una materia, es cierto, constituye una condición necesaria para enseñarla, pero no es condición suficiente. Saber una materia es una cosa y saber enseñarla es otra.

En este contexto, resulta inexcusable ejercer la crítica y autocrítica seria y alturada ante la actual política de gobierno y sobre todo ante nuestra labor educativa; para deslindar responsabilidades y asumir el papel de vanguardia, el rol de concientizador y de líder social, tal como postuló el gran maestro José Antonio Encinas.
En ese sentido, la actitud del señor Presidente de la República y su política educativa, refleja claramente la falta de voluntad para resolver el problema educativo. Pues, sigue reproduciendo desigualdades sociales, con un sistema que estratifica y divide al sector y al magisterio en particular. Una política notablemente incoherente en la práctica respecto a las tendencias de la calidad, equidad y pertinencia educativa. En suma, no hay conciencia de que la educación es un derecho, puesto que en todo momento se ha obviado la participación y el diálogo necesario con los docentes para encontrar una salida a la crisis de la educación. Su política neoliberal ha generalizado una afrenta permanente contra el magisterio peruano, generando una campaña de desprestigio contra el maestro, transgrediendo nuestros derechos laborales. ¿Por qué se desmerece nuestra voz y la experiencia profesional ganada en base sacrificios en medio de las exclusiones sociales, económicas, políticas y culturales? ¿Qué representamos los maestros peruanos para su gobierno? ¿Profetas que predicamos en los campos desiertos del olvido gubernamental? Reproductores de las desigualdades sociales del modelo neoliberal o formadores de una nueva conciencia social en la juventud, para erradicar décadas de oprobio y marginación social a la que nos han conducido las diversas clases dominantes afincadas en el poder del estado. ¡Quizás por eso se nos persigue y ataca!… Usted señor presidente no tiene moral ni derecho alguno para hablar de libertad, democracia y derechos humanos cuando en nombre de libertades y flexibilidades económicas y comerciales condena al hambre y la miseria a millones de peruanos. ¿Cuál es el futuro del país que usted sueña con la educación neoliberal que promueve? ¿Qué tipo de hombres y mujeres quiere formar en un país abierto al capital transnacional y a la venta a casi precio de regalo de nuestros recursos naturales?… Moralmente, los docentes tenemos el deber de fomentar la identidad y la defensa de la patria en los educandos, así como la firme convicción de promover una sociedad más justa. Sería una traición a la patria y al deber que tenemos con nuestros alumnos, no denunciar los intentos de municipalizar la educación para que las Instituciones Educativas sean gestionadas como “empresas privadas” y abandonar su responsabilidad como Estado y por otro lado su prerrogativa de vender el Perú al gran capital por pedazos.

Por nuestra parte, nos corresponde hacernos una auscultación profunda respecto al rol social que tenemos como maestros. Pues, si de algo nos deberíamos sentir culpables, es de no haber tenido la suficiente capacidad organizativa y firmeza para hacer frente al gobierno y su política educativa a la cual pretende someternos. Puesto que, progresivamente el colectivo de maestros de todos los niveles educativos, nos hemos convertido en inofensivos, sin ideales, sin impulsos vitales, sin convicciones humanas, sin sensibilidad social, sin emotividad ideológica; es decir, en maestros indiferentes, alienados y cómplices de todo aquello que se está implementando. Precisamente, éstas son las piezas perfectas que requieren las clases dominantes para imperar. A todo esto, se suma nuestra actitud profesional, donde resalta la negligencia pedagógica y de gestión que en la mayoría de las instancias “descentralizadas” del Ministerio de Educación se evidencia como algo natural; es decir, tanto maestros como funcionarios somos predominantemente anómicos, porque infringimos las normas, reglamentos, deberes y derechos con frecuencia, sin que nadie diga nada. Por ejemplo, hasta ahora, existen aún órganos de participación que no propician la gestión participativa en cada nivel de gobierno, Instituciones Educativas con PCIs desarticulados, docentes que no tienen programación curricular, etc. Entonces, cabe preguntarse y reconocer de quién es la obligación ¿Del Estado o de los maestros?

Considero, que quienes hemos asumido la delicada misión de educar en el Perú, tenemos una obligación moral con nuestros estudiantes y la sociedad en general: Ofrecerles oportunidades de aprendizaje debidamente planificadas y bien dirigidas para desarrollar paso a paso los procesos cognitivos, como el lenguaje y el pensamiento, en un marco de “complementariedad de saberes entre el educador y el educando” en relación reciproca con la naturaleza y la sociedad” No hacerlo, es una manera de lapidar nuestra profesión y de morir en vida. Necesitamos de educadores renovados en su misión, su formación y su compromiso social, de formar a los educandos que viven en el mundo de hoy. En efecto, ¿Es posible renovar al magisterio peruano desde esta visión del cómo debe ser un educador comprometido con su vocación y con el pueblo al que está llamado a servir? ¿Es posible el cambio docente a favor de la dignificación de nuestra carrera? Creo que sí, al no hacerlo perderemos definitivamente nuestra razón de ser como portadores del conocimiento, la cultura, la innovación, y todo aquello que sea necesario para la edificación de la sociedad con justicia social para el desarrollo integral y sostenible. Si el magisterio en su conjunto no cambia, la sociedad peruana corre el riesgo de perder irremediablemente uno de los factores claves de su desarrollo.
Entonces, ya es hora que los maestros tomemos una decisión, tanto individual como colectiva para reorientar el camino, renovar nuestra visión de futuro; exigir al estado y el gobierno para que cumpla con la obligación de financiar la educación, a fin de que se logre los resultados esperados… Los compromisos del Acuerdo Nacional para incrementar el presupuesto de educación hasta llegar a un mínimo de 6% del PBI, tiene que cumplirse en el más breve plazo si existe voluntad de darle a la educación el lugar que le corresponde como instrumento estratégico de desarrollo nacional. Para ello, necesitamos maestros auténticos con habilidades y destrezas intelectuales, dispuestos a aprender y enseñar con humildad y dedicación.

Colegas maestros, seamos enfáticos y claros respecto al sistema educativo peruano del cual somos parte; éste no tendrá éxito jamás en la forja de ciudadanos libres; si no se cuenta con educadores formados integralmente, con maestros altamente motivados y capaces para realizar su labor, si no se reorganiza y potencia las instancias descentralizadas del MED, si no se realiza un eficiente monitoreo y acompañamiento pedagógico sistémico, y sobre todo, si no se invierte más en educación. Entendamos de una vez, que todo eso implica una responsabilidad compartida entre el magisterio, el gobierno y el Estado.
En consecuencia, asumir el más alto cargo, el de ser maestro en el Perú, no solo implica conocer técnicas pedagógicas y algunas disciplinas científicas de manera elemental, es mucho más que eso, se requiere tener vocación de servicio y entrega para vivenciar en la praxis y en los estudiantes, principios y valores superiores que dignifiquen la condición humana. Ser maestro, demanda solvencia académica y responsabilidad social ante todo, para encauzar con audacia las tendencias globalizadoras con el propósito de embrionar y gestar el porvenir en cada espacio donde ejercemos nuestra profesión.

Por eso y otras razones, maestros y maestras desde escuelas unidocentes y superior de Picota, San Martín y el Perú, les hago llegar un saludo y abrazo magisterial con identidad peruana, por nuestro día, día de reconocimiento, reflexión y análisis de nuestra tarea frente a la educación…

Prof. Hipólito Percy Barbarán Mozo

LA AUTONOMÍA ESCOLAR DESDE LA PERSPECTIVA NEOLIBERAL

LA AUTONOMÍA ESCOLAR DESDE LA PERSPECTIVA NEOLIBERAL

Por: Hipólito Percy Barbarán Mozo

Después de casi una década de haberse iniciado y acentuado el proceso de descentralización en el Perú y en San Martín en particular, es necesario hacer una breve revisión de los avances o “retrocesos” que se ha tenido en materia de gestión educativa, desde la percepción de los propios actores e impulsores a nivel de las instituciones educativas y el gobierno local de ésta parte del país. No obstante, la arquitectura normativa promulgada desde el 2002, como la Ley Bases de la Descentralización N° 27783 y la Ley General de Educación Nº 28044, marco normativo amplio que señala el derrotero por donde guiar este proceso, correspondiendo a la sociedad civil organizada y representada en sus órganos de participación; para participar, concertar y vigilar. Al parecer las bases legales están muy claras, pero en el transcurso de su implementación surgen limitaciones y confusiones entre los actores educativos, que requieren ser escudriñadas para esclarecernos respecto a las bondades que trae consigo, porque el tiempo transcurre y la anhelada calidad educativa cada día se hace más incierta e inalcanzable.

De acuerdo a la Ley General de Educación; las Direcciones Regionales de Educación (DRE), las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y las Instituciones Educativas (II.EE) son las principales instancias descentralizadas del sistema de gestión de la educación peruana y en cada una de ellas, la norma señala la creación u organización de “espacios” de participación como, los Consejos Educativos Institucionales (CONEI), los Consejos Participativos Locales y Regionales (COPALE Y COPARE) respectivamente, los cuales deben liderar el proceso de descentralización del sector. En ese marco, en nuestra región se viene impulsando la implementación de dichas políticas en cada instancia descentralizada, mediante la elaboración colectiva de instrumentos de gestión como: el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Proyecto Educativo Local (PEL) y el Proyecto Educativo Regional (PER). Por su parte, las autoridades educativas, políticas y funcionarios de la región le concierne impulsar, movilizar recursos y formalizar las iniciativas para una efectiva descentralización educativa en la región San Martín. En ese contexto, el PERSAM se gestó con el propósito de convertir la educación en un instrumento de progreso, que forme ciudadanos competitivos, con capacidades arraigadas en los bienes culturales, científicos, tecnológicos, sociales y morales. Una educación sin exclusión social, comprometida con los valores ético morales, el respeto a las diferencias, en busca de una responsabilidad generacional de convivencia y tolerancia entre las personas, el medio ambiente y las culturas.

En consecuencia, la descentralización educativa ha sido y es uno de los lineamientos de política de los últimos gobiernos que más se ha priorizando, motivados por la promesa de mejorar simultáneamente la eficiencia, la calidad, la equidad y la pertinencia de la educación. Sin embargo, la mayoría de estas ofrendas permanece incumplida o tiene escaso impacto sobre la educación en el aula o los aprendizajes en particular. Asunto que debe preocupar a todos los actores que estamos involucrados en los diferentes niveles de gestión del sistema.

De modo que, en el curso de este artículo, se ensaya algunas hipótesis que elucidan la dirección y el sentido de la descentralización educativa como lineamiento de política que se viene materializando progresivamente, mediante la delegación de poderes y funciones hacia los gobiernos regionales y locales, adoptando un “modelo de gestión” caracterizado por ser participativo, autónomo, intersectorial y descentralizado en perspectiva de que las instituciones educativas logren la anhelada autonomía escolar. Supuestamente, el discurso del enfoque de gestión del sistema educativo comparte la gran mayoría de la comunidad educativa, presumiblemente por las aparentes bondades que acarrea, pero muy en el fondo se oculta propósitos que deberíamos tener presente. Para ello, es necesario analizarlo desde sus raíces; es decir, de dónde proviene y qué es lo se pretende hacer con nuestra educación.

Por ejemplo, para nadie debería ser una novedad que el actual modelo económico, sociopolítico y cultural de la globalización responde a una política de renovada concentración del capital en las élites mundiales. El intelectual norteamericano Noam Chomsky (2001) afirma que no es posible conocer ni explicar los objetivos de los programas y las políticas públicas de Latinoamérica, sin considerar las recomendaciones de las agencias internacionales de financiamiento, que detallan específicamente cada área de la vida de los países no desarrollados, condicionando los empréstitos al cumplimiento de sus recomendaciones. Los gobiernos de Latinoamérica se han visto obligados a aplicar políticas similares para liberar los sectores productivos estructurales, reservados con anterioridad exclusivamente al Estado y, en un segundo momento, para liberar los sectores comercial, financiero y de servicios. Por eso, no es extraño saber que para el Banco Mundial a juzgar por los diversos informes y recomendaciones dimanados de sus objetivos en materia educativa, concibe a la descentralización de la educación, como un proceso que significa aumentar la participación de los ciudadanos al nivel local y disminuir la acción del Estado en la administración y gestión educativa.

Precisamente, ésta concepción es la que caracteriza al modelo de gestión participativa, en cuyo proceso de implementación estamos contribuyendo. Hacer que la comunidad educativa asuma el liderazgo y la gestión de la escuela en perspectiva que tengan autonomía, a través de sus órganos de participación en sus diferentes espacios geográficos y niveles de gobierno, tiene cierto sentido benéfico porque está generando una movilización social interesante, alimentando esperanzas y motivaciones en nombre de la mejora de la calidad de los aprendizajes. Sin embargo, se advierte que todos estos esfuerzos pueden desperdiciarse, sino le damos sostenibilidad al modelo, puesto que se avizoran con frecuencia serias dificultades que requieren reflexionarse y reorientarse en torno a su concepción para seguir avanzando hacia la utópica autonomía pedagógica, administrativa e institucional.

Dichas dificultades residen en la implementación, los directores de las II.EE expresan su preocupación y voluntad en aras que el CONEI que presiden funcione, sin embargo, esta disposición de va disipando cuando él y los demás miembros no tienen claridad conceptual ni operacional para ejercer sus funciones; claro, cómo pueden saber o comprender las bondades de la gestión participativa, si las informaciones al respecto, solo llegan a través de las normas que desde el Ministerio de Educación se emana para su ejecución. Es aquí, donde resalta la ineficiencia del propio sector “descentralizado”, expresada en su potencial económico y humano instalado en cada sede “descentralizada” para poner a caminar el modelo de gestión.

Por su parte, en los demás representante del CONEI la realidad es más angustiante, puesto que, a pesar del interés y voluntad de “participar” en la gestión; éstos terminan desistiendo y alejándose, porque existe inseguridad dimanada de su desconocimiento y la preocupación cardinal gira en torno a su valioso tiempo que entrega a cambio de muy poco; es decir, en las zonas rurales donde campea la orfandad predominantemente económica de las familias y cognitiva también, se hace muy difícil consolidar este proceso, porque este hecho conlleva a los integrantes atender de manera prioritaria sus necesidades básicas. En efecto, el aporte de los estudiantes, padres y autoridades es generalmente trivial; pues, para ellos constituye una experiencia de aprendizaje más que una contribución en la elaboración del PEI por ejemplo, pese a la pertinencia de las estrategias que se emplea en la sensibilización e involucramiento.

En ese escenario, considero que el avance en este propósito recae avasalladoramente en los directores y docentes, cuyas reflexiones y cuestionamientos se manifiestan dispersados entre la indiferencia, el respaldo y el rechazo ante este modelo de gestión, debido a las diversas lecturas e interpretaciones. Por todos estos argumentos, creo que el avance a nivel operativo en la institución educativa, donde se observe autonomía, participación, intersectorialidad en la gestión, es intrascendente y sigue siendo un faro iluminador muy distante, pero que orienta el sendero por lo menos. ¿Cuándo veremos a una I.E. como la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado?... Urge la necesidad de analizar seriamente este proceso, a la luz de las dificultades, percepciones y concepciones en todos los niveles del sistema de gestión, para encontrarle salida conjunta.

Para el análisis serio, resulta indispensable indagar el significado de los conceptos de participación, autonomía y descentralización, términos que aparecen fuertemente ligados entre sí, que caracterizan al modelo de gestión. Promover la participación ciudadana en la gestión o en cualquier área, requiere determinadas condiciones para que efectivamente pueda servir a la democratización. Desde lo político; es necesaria una efectiva distribución del poder que facilite la participación en la toma de decisiones; desde lo social, es necesaria la existencia de representaciones positivas en torno a la participación: disposición de participar por parte de la comunidad, seguridad de los interesados de que sus decisiones van a ser seriamente consideradas, acciones de gobierno que eviten la segregación y marginación de algunos sectores; desde lo económico, políticas de distribución del ingreso que asegure a la comunidad bienestar y tranquilidad en lo laboral; desde lo ideológico, circulación de toda la información, veracidad de la misma y publicación de todos los actos de gobierno.

La autonomía, significa en principio capacidad auto-normativa. Ser autónomo es darse a sí mismo normas de conducta (auto-nomos), lo contrario es la heteronomía; obedecer normas dadas por otro. Por tanto, autonomía es casi sinónimo de libertad. Vale la pena aquí descender en el análisis de este concepto que han realizado ciertos académicos. Según algunos de ellos, consiste en la calidad o condición del ser que no tiene necesidad de otro para subsistir o desarrollarse, es decir, es la condición de bastarse a uno mismo, de subsistir por sí. Pueden entonces las instituciones educativas, en general, ser autónomas en el marco de la descentralización, pero a la vez del ajuste y la recesión o están profundamente limitadas por la realidad económica que las circunda y ahoga... La autonomía también tiene que ver con la independencia. Para ser autónomo se necesita aprender a auto-organizarse. Este aprendizaje se basa en un serio trabajo de construcción y reconstrucción de esa autonomía, lo que implica mucha energía. ¿Qué fuerza, qué información podrán tomar las escuelas para ser autónomas, para aprender a auto-organizarse de un exterior tan pobre, tan carenciado, tan excluido como ellas? El tema se agudiza y complejiza cuando sabemos que la globalidad de nuestras escuelas no poseen una estructura que les permita emprender acciones y actividades sin el riesgo de interferencias arbitrarias o injustas, que les permita, a ellas y a sus actores participar, en cualquier instancia en la construcción de consensos, en condiciones de igualdad, sin el temor de que las mayorías se impongan.

En efecto, la autonomía requiere de un magisterio con buena formación y actualización psicopedagógica y cultural así como recursos económicos; de esta manera podrá atreverse a tomar decisiones más reflexivas y a involucrarse en innovaciones de interés; requiere que los docentes y directores tengan coraje intelectual para arriesgarse a ejercerla; dicho de otro modo, saber que no se corren riesgos de ser descontados en su salario, sancionados tanto con la pérdida del puesto de trabajo (algo que en las instituciones educativas privadas o religiosas es “una espada de Damócles” real) o suspensiones. Además ejercer la autonomía exige tener condiciones laborales que le hagan posible. Implica disponer de tiempos y espacios físicos para poder reunirse, tanto con sus colegas y alumnados o familias Así, pues, desde el principio se advierte que bajo el atractivo señuelo de la autonomía pueden introducirse principios corrosivos para la escuela pública.

La descentralización mantiene también un alto grado de ambigüedad, tanto por la multiplicidad de significaciones que denota, como por la heterogeneidad social y política de quienes levantamos ésta bandera. Pues, cómo puede la descentralización del Estado servir, en algunas ocasiones, para la construcción de un proyecto educativo nacional compartido por toda la comunidad educativa y en otras ocasiones, para fragmentar y desestructurar un sistema educativo, como observamos en la descentralización que se viene implementando en nuestro país ¿Cómo puede la descentralización servir a objetivos tan diferentes?

La descentralización emerge en el contexto de la globalización, el TLC, la privatización de las empresas, la venta de nuestros recursos y el cumplimiento de las recomendaciones internacionales, lo que conlleva a reducir la función de Estado, delegando, entre otras, su tarea de financiar la educación pública, transfiriendo sin recursos esta obligación a los gobiernos regionales, provinciales y distritales, donde existen serios problemas y agonía de sus economías.

En consecuencia, la descentralización del sistema educativo peruano propicia la dotación de autonomía para que las escuelas tengan libertad para decidir sus acciones y cómo invertir los recursos con las que se las subvenciona o aquellos que obtienen a través de sus propias actividades, definiendo, por sí mismas, el orden de importancia de sus necesidades. Pero esta “autonomía”, en un contexto de racionalización de recursos como se viene dando el Perú pasaría a ser una ficción más que una utopía realizable. Creo que, no podemos desconocer las experiencias de descentralización vividas por países vecinos, nos hace vernos como en espejo y nos lleva a temer por las consecuencias desestructuradoras negativas que esto traería para nuestras comunidades, que carecen de hábitos autogestivos y que sufren crecientes procesos de desigualdad social, de marginación, de exclusión y de recesión. El resultado seguro de tal práctica descentralizadora, en este contexto, no sería otro que el fortalecimiento de las estructuras débiles y desiguales que hoy poseen nuestras comunidades.

Queda al descubierto pues, la alianza que ahora ocupa al Estado y que la propuesta de descentralizar y dar autonomía a la escuela está ligada a la reducción del presupuesto educativo, es decir, al problema que presenta el financiamiento del sistema. Entendemos ahora también por qué, a pesar de proponer la descentralización de algunas cuestiones, emergen ciertos dispositivos de control fuertemente centralizados como la evaluación nacional, la carrera pública magisterial, la formación y la capacitación de los docentes, entre otros.