Por: Hipólito Percy Barbarán Mozo
Hace unos años cuando se gestó y aprobó la Ley Nº 29062 más conocida como Ley de Carrera Pública Magisterial, la docencia en general se preguntaba ¿Por qué y para qué una nueva Ley? La respuesta contundente de sus promotores fue la siguiente: Para responder la demanda social de una educación de calidad que contribuya al éxito del aprendizaje del alumno, protagonista principal; por la necesidad de contar con una legislación para el profesorado que permita “hacer carrera” y así revalorar la profesión para que los mejores egresados de la secundaria opten por estudios de pedagogía y se pueda lograr que la función docente sea una actividad principal y no accesoria; para mejorar la calidad del docente, exigiéndole no sólo competencias profesionales que garanticen una calidad en la enseñanza, sino cualidades éticas probadas que sean ejemplo para los alumnos; para buscar el equilibrio entre lo que se exige y lo que se ofrece; para reconocer el mérito y esfuerzo del docente; entre otros argumentos.
Sin embargo, las acciones para mejorar la educación, en la concepción del Ministerio de Educación son los exámenes que deben rendir los docentes para acceder a una plaza de contrato, nombramiento o para ascender a un nivel mayor en la carrera. Obtener una buena nota en el examen más un expediente documentado que acredite su trayectoria profesional, es considerado como un mérito que se premia aumentando los ingresos económicos. Esta concepción está destruyendo aún más la anhelada calidad de la educación, aunque en apariencia parecería que iba a mejorarla. Una falacia muy finamente edificada que va arruinando las instituciones educativas y la profesión docente en particular. Por ejemplo, los docentes que ya están en la CPM, tienen un ingreso mayor según el nivel educativo respecto a los docentes que no lo han hecho todavía. Ambos tienen a su cargo un grupo de estudiantes en una Institución Educativa; el docente que gana menos, ahora se encuentra desmotivado, porque hace el mismo trabajo que el otro docente que gana más. ¿Dónde está la diferencia? … El hecho es que, donde antes había un trabajo más o menos en equipo a nivel de grado o a nivel institucional, como es el caso de varias escuelas y colegios, esa unidad ha sido resquebrajada, y con ello pierden todos los estudiantes y padres de familia.
Pero, eso no es todo, se cuestiona por una parte, la manera cómo los docentes adquieren la nota catorce y cómo documentan su expediente para acceder a la atractiva CPM y por otro, el afán desmedido del gobierno para dejar implementado esta ley a como dé lugar, pese a las observaciones y recomendaciones hechas por el CNE, Foro Educativo y el SUTEP; es decir, en vez de revalorar la profesión docente y reconocer el mérito a los años de estudio y esfuerzo, a las competencias profesionales, al conocimiento y experiencia pedagógica, al desempeño, etc.; y todas las demás bondades publicitadas; lo que se está consiguiendo es desprestigiarlo socialmente aún más. Para demostrar esta aseveración, basta recordar los sucesos recurrentes desde que se inició el proceso de implementación de la CPM; el más reciente conllevó a postergar el último examen para el domingo 27 de febrero.
En efecto, los múltiples casos denunciados y confirmados, y otros sin denunciar ocurridos en Ayacucho, Trujillo, Cajamarca, Puno, Cusco, Lima, Ica, San Martín, etc., respecto a la filtración y el negociado a cualquier precio de pruebas y claves horas antes del examen; la abundancia de prevaricadores y perversos empleados en todos los ámbitos del sistema, que aprovechan esta situación para beneficiarse económicamente; así como también, los propios docentes desesperados e inseguros de su capacidad, igualmente incurren en la misma falta. Por su parte, el Ministerio de Educación y sus funcionarios tratan de minimizar las evidencias inocultables; nos revelan explícitamente que el proceso de implementación desesperada de la CPM está agudamente corrompido y sin legitimidad. La duda y la desconfianza se empoderan de la comunidad educativa y surgen preguntas que no tienen respuesta: ¿Cómo se filtra la prueba? ¿Quién o quiénes están detrás de todo esto? ¿Qué porcentaje de los que han aprobado merecen reconocimiento y que porcentaje han hecho fraude? ¿Cómo demostrar que la ley favorece la meritocracia? …
Definitivamente, estas denuncias de robo y venta de pruebas, son sistemáticas e indignantes porque han viciado el proceso de la CPM a tal punto que ya no existe credibilidad y no tiene sentido incorporarse, porque está demostrado que los docentes que logran sobrepasar la valla del catorce, predominantemente lo hacen de manera ilícita, salvo honrosas y muy escasas excepciones. Entonces, podemos afirmar que la CPM está depreciando a nuestra profesión, porque la única cualidad que reconoce, es el mérito al plagio de documentos, a la inhonestidad intelectual, al patrocinio, al soborno, al fraude, la prevaricación, al compadrazgo, al nepotismo, a la impunidad, a la ilegalidad, etc. Todas estas formas de corrupción y falta de transparencia campean en las instancias descentralizadas del sector educación y demás instituciones públicas y privadas.
En suma, la CPM “reconoce y valora” el mérito a la corrupción, porque cada día se adelgaza el tejido social; al disminuir la confianza en la docencia, en las instituciones educativas, en el gobierno y en el propio sistema; también afecta el nivel ético de la sociedad en su conjunto. En la medida en que la corrupción se generaliza, los escrúpulos éticos se van perdiendo y dañan indirectamente la salud física y mental de la población. En consecuencia, el problema de la corrupción tiene origen social, económico, político y ético, es un fenómeno que afecta a todos los actores educativos, y entre todos debemos buscarle solución; considero que los docentes tenemos gran parte de culpabilidad, pero avasalladoramente, es la clase política de los últimos gobiernos de turno en la que recae toda la responsabilidad.
Los maestros sabemos que la calidad educativa no se logra solamente con talleres o cursos de capacitación, pero si es una obligación moral de cada maestro estudiar continuamente aspectos inherentes a la profesión para educar con más pertinencia a nuestros estudiantes. Si no somos buenos en nuestra especialidad y nivel no deberíamos estar en el aula como maestros. Nuestro cerebro necesita diariamente alimentarse con la lectura y por tanto de conocimiento, pero no tanto como se pregona y se nos quiere hacer creer, que al aprobar el examen para ingresar a la CPM y/o participar en una capacitación, garantiza que ya somos buenos maestros. Por eso, estimados maestros del Perú estudiemos y defendamos nuestra profesión y los derechos del magisterio que está en la ley 24029 y su modificatoria la ley 25212, porque es muy lamentable, la miopía investigativa, el vacío prospectivo y la ignorancia política. No es que tengamos miedo a un "partidarizado examen" o mamarracho de evaluación sino que... ¡la defensa de nuestros derechos, nuestra inteligencia y la responsabilidad social, están primero que los intereses de la mafia "educativa" neoliberal!
